El transporte estudia cómo sobrevivir a los nuevos peajes
El seminario sobre fiscalidad en el transporte de la Fundación Corell se ha volcado en explicar la última modificación de la Eurviñeta. Ramón Valdivia, vicepresidente de Astic, cree que de aplicarse será un "repago de las carretereas".
La última directiva sobre la Euroviñeta se ha aprobado este año y los países tienen hasta el 24 marzo de 2024 para transcribirla en su ordenamiento jurídico. José Manuel Vassallo, catedrático de Transportes, pide al Gobierno que se "se vaya poniendo ya" a trabajar en ella y espera que se encuentre una solución para que los transportistas puedan trasladar esos sobrecostes a sus clientes. También recuerda que la directiva europea no obliga a los Estados a que tarifiquen el uso de sus carreteras, sino que marca unos topes máximos de estas tarifas. Vassallo ha subrayado este aspecto en varias ocasiones durante su participación este viernes en el seminario de la Fundación Corell sobre regulación, economía y fiscalidad en la movilidad.
En su ponencia, el experto ha explicado que la norma europea busca sustituir paulatinamente el pago por tiempo de uso -lo que se conoce como viñetas- por peajes por distancia en donde se pueda gravar más los vehículos más contaminantes. De hecho, a partir de 2030, al transporte pesado de mercancías solo se le podrá aplicar el sistema de peajes. Vasallo reconoce que es un procedimiento "muy complejo", que incluye tres tipos de tasas: por infraestructura; por costes externos (que incluye tasas por contaminación atmosférica, acústica y por emisiones de CO2); tasa por congestión -aplicable solo en los tramos en los que haya congestión recurrente y en los momentos en los que ocurra esa congestión-.
Aunque Bruselas no obliga a que los Estados apliquen estos peajes o que se los apliques a todos los tipos de vehículos (se podrían aplicar a pesados pero no a ligeros, por ejemplo), el catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto duda de que los Estados renuncien a esta fuente de recaudación que además no limita la partidas en las que debe ser invertido lo recaudado. Es decir, que los Gobiernos no están obligados a invertir en carreteras o transporte el dinero que los transportistas paguen en los peajes -salvo en el caso de la tasa por congestión-.
Todo ello hace que el transporte de mercancías por carretera desapruebe la aplicación de esta directiva. En palabras de Ramón Valdívia, vicepresidente ejecutivo de Astic, "se trata de un repago", puesto que las infraestructuras ya se financian con los impuestos: "Damos un servicio a la ciudadanía a través de la carretera, que es un bien que se tiene que mantener. Incluso quienes no usas nunca el coche o no tienen carné, se benefician del transporte de mercancías por carretera", ha expresado Valdivia.
"No todo el mundo tiene hijos en edad escolar, pero la sociedad entiende que la educación pública es un bien que beneficia a la sociedad. En el transporte por carretera pasa lo mismo", ha ejemplificado el vicepresidente de Astic. Para él, de aplicarse la medida, sería "un repago con un afán recaudatorio clarísimo". Y ha recordad que quienen más están impulsándola son los propios Gobiernos.
Hace tan solo dos días, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, se comprometía a poner en marcha "un modelo perfectamente determinado" de peajes antes en las autovías españolas. Sin embargo, Valdívia no cree que vaya a ocurrir en 2023, año electoral, "porque este impuesto tiene muy mala prensa".
Inclusión obligatoria en la factura
Vassallo no ha sido tan directo en su crítica a una más que probable aplicación de estas tarifas, aunque sí que ha pedido que lo recaudado repercuta en el propio sector del transpote.
De igual modo, ha abundado en la idea de que debe facilitarse a los transportistas que repercutan estos sobrecostes en sus clientes: "El sector del transporte de mercancías en España está muy atomizado y tiene difícil repercutir cualquier subida del coste a sus clientes". Así se ha comprobado en anteriores situaciones, como con la subida del precio del carburante. Para resolver esta situación, la ley obliga desde marzo a revisar el precio del transporte según el precio del combustible. Y Vassallo pide algo similar: "La inclusíon obligatoria en la factura del precio de los peajes".
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