El requerimiento de la Seguridad Social a sindicatos y patronales para que faciliten la identificación fiscal de todos los conductores profesionales ha molestado a las dos partes del diálogo social, que recuerdan que la Administración ya tiene esos datos.

El Alto Tribunal ha anulado la obligación de que patronales y sindicatos tengan que facilitar los datos identificativos de todos los trabajadores que se verían beneficiados por los coeficientes reductores. Representantes del diálogo social entendían que este requerimiento era una traba.