Baño de realidad

La Unión Europea se está dando cuenta de que su política de descarbonización no está siendo la más acertada. Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se puede.

Estamos empezando a ver rectificaciones, la última, con la entrada en vigor de la norma EURO 7 que establece nuevos límites de emisiones para los vehículos de combustión, retrasando ésta de 2025 a 2027 para turismos y a 2029 para camiones.

Anteriormente se modificó el criterio para no cerrar la posibilidad a que se utilicen bio-combustibles o combustibles sintéticos no contaminantes para vehículos nuevos a partir de 2035, fecha prevista para la desaparición de matriculaciones de vehículos nuevos de combustión.

Seguramente habrá más modificaciones cuando vean que las ventas de vehículos eléctricos se estancan por falta de infraestructuras de recarga. Cada vez es más difícil encontrar compradores para estos vehículos, excepto para aquellos usuarios que pretenden su utilización para desplazamientos cortos, acceder sin problemas a las ZBE y, además, disponen de otro vehículo para viajar. Los concesionarios de marcas premium tienen un stock de este tipo de vehículos muy importante, obligados por las propias marcas, y no ven la manera de colocarlos.

Los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, que con cargo a los fondos europeos, se han dedicado a realizar inversiones millonarias para la construcción de carriles bici que prácticamente no se utilizan y a cerrar o restringir el tráfico rodado de vehículos particulares, están empezando a recular y algunos, a costa de perder el dinero empleado para ello, porque lo tienen que devolver, están revertiendo las obras realizadas tras constatar el daño que están sufriendo ciudadanos y comerciantes por la desaparición innumerables plazas de aparcamiento, dejando sin alternativa a todos aquellos que carecen de una plaza de garaje en su edificio, que son la mayoría de los ciudadanos que viven en zonas antiguas, perjudicando al pequeño comercio, donde no existen aparcamientos públicos, y a los transportistas al eliminar de un plumazo un número importantísimo de zonas reservadas a la carga y descarga de mercancías, impidiendo el suministro a establecimientos de hostelería, comercios y las entregas de compras realizadas a través del comercio electrónico.

Se está demostrando que no se puede legislar sin haber estudiado previamente los efectos y consecuencias que pueden derivarse de la aplicación de las normas. Tampoco puede legislarse sin haber estudiado previamente si es posible su aplicación y el coste que van a tener que soportar los ciudadanos y las empresas.

Pues parece ser que la política ecológica de la Unión Europea no ha tenido en cuenta nada de eso. Simplemente ha legislado por una cuestión ideológica, que además de estar resultando inútil, entraña una hipocresía enorme.

Se pretende descarbonizar Europa para que nos pongan la etiqueta de que se hace una política de sostenibilidad medioambiental, que queda muy bien y es lo políticamente correcto. Sin embargo, lo que se está haciendo es derivar la producción industrial hacia otras partes del mundo donde los países no se tienen en cuenta estos aspectos y utilizan las mismas energías baratas que Europa pretende prohibir provocando que estos países fabriquen lo que no se puede fabricar en Europa por sus altos costes, aumenten más sus emisiones y que el ciudadano europeo adquiera esos productos mucho más baratos que los producidos en Europa. Vean sino el ejemplo de los automóviles eléctricos cuyo mercado está siendo copado por fabricantes chinos.

Mientras tanto al ciudadano europeo se le está arruinando y las empresas de determinados sectores industriales ya están comenzando a hacer expedientes de regulación de empleo.

Vaya cagada