Gasóleo al alza: un reto y una oportunidad

A lo largo de este 2021, especialmente en el primer semestre, hemos asistido a un exponencial incremento del precio de los combustibles, de la mano de la recuperación económica post-pandemia, alcanzando cotas que no se veían desde muchos meses atrás. Este aumento de los carburantes ha provocado que la partida del combustible suponga ya un 28’1% del total de los costes de explotación para un vehículo articulado de carga general, convirtiendo ya al gasóleo en la causa fundamental del incremento de los costes de explotación del transporte de mercancías en el primer trimestre de 2021.

Si investigamos un poco a través de la prensa, nos cuentan los expertos que estamos padeciendo el precio a “futuro” de los mercados. Venimos de una caída en picado de la economía, que prácticamente paralizó el comercio mundial. La demanda se desplomó y los países productores no sólo pararon temporalmente la producción, sino que frenaron las inversiones en elementos clave como la propia extracción y operaciones de refinado que acompañan al comercio del petróleo y sus derivados. Ahora, con la economía de nuevo en funcionamiento, la demanda aumenta, pero la oferta sigue siendo reducida, con el consiguiente incremento de precios: una tormenta perfecta que hace prever una situación parecida a la de 2018.

Y en este contexto también planea la sombra del impuesto al diésel que el gobierno español planteó a finales de 2020 o el pago de peajes por uso que también se lanzó como idea recientemente.

Lo que sucede y cómo nos enfrentamos a ello

Hasta aquí lo que sucede. Es evidente que los transportistas han visto incrementados sus costes de explotación sensiblemente, en un momento especialmente difícil y sin visos que se remedie la situación, al menos a medio plazo. Además, hay una serie de indicios que señalan que el sector va a sufrir una carga impositiva y de costes mayor en los próximos años, también relacionados con el uso de combustibles fósiles.

Las soluciones no son sencillas en ningún caso. En anteriores ocasiones, en las que se habían producido coyunturas similares, los profesionales del transporte adoptaron diferentes estrategias, como repercutir el coste adicional a los clientes, con las consiguientes protestas y malestar, o pedir ayudas gubernamentales, con las dudas e incertidumbre que ese tipo de solicitudes generan habitualmente.

Al hilo de una noticia reciente que mencionaba que Portugal estudia fijar márgenes máximos en la comercialización de combustibles en circunstancias puntuales, se me plantea la duda de si la intervención gubernamental no puede ser, además de parte del problema actual, también parte de una solución más a largo plazo, que ofrezca estabilidad al sector frente a los retos que se plantean en el futuro próximo.

En nuestro país, el actual precio del combustible viene marcado por unos impuestos que suponen cerca de un sesenta por ciento del total, siendo este porcentaje exactamente el mismo para el consumidor privado y ocasional que para el transportista. En este sentido, la falta de un gasóleo profesional, que incida de modo relevante en el coste y no como una cuota reducida del consumo total como se implantó en su momento, supone no solo un maltrato para un sector tan estratégico como el del transporte de mercancías por carretera, sino también un lastre que afecta directamente al coste de la cesta de la compra de los consumidores y, por tanto, a la competitividad de las exportaciones nacionales.

Y, si bien es cierto que, en las próximas décadas, de la mano del proceso de descarbonización impulsado desde organismos nacionales e internacionales, se reducirá drásticamente nuestra dependencia del gasóleo, también lo es que éste no será un camino rápido ni falto de problemas. En este sentido, la determinación del estado por establecer un gasóleo profesional relevante sería una medida excelente que supondría una inyección al sector, para afrontar esta “revolución” con mayor capacidad financiera y fortaleza económica, ayudando de paso a la activación de la economía nacional, como sector fundamental dentro de la misma.

Y ¿qué hacer mientras no llegue esa adecuada fiscalidad para uno de los principales apartados en el coste de los transportistas? De entrada, exigir ante las diversas administraciones públicas que controlan y regulan el sector un adecuado esfuerzo en la inspección, con el objetivo de evitar la competencia desleal a cargo de empresas que no cumplan toda la normativa existente y que rebajan sus costes de modo ilegal. Y en otro orden de actuación, aprovechar todos los recursos posibles, tanto a nivel de gestión de negocio como los mecánicos de los vehículos, para ajustar todos los costes en la actividad del transporte.

En resumen, un sector en evolución que se enfrenta a un problema endémico y que requiere de la asistencia y soporte del gobierno para asegurar su sostenibilidad y desarrollo en los próximos años; unos años llenos de retos y cambios.