Soluciones milagrosas

Se está vendiendo por la denominada “Plataforma en defensa del sector del transporte”, que la solución a los males que padece el sector que son muchos, y especialmente el pequeño transportista, es la prohibición de venta a pérdidas, y pretende que esto se haga fijando como costes mínimos del transporte los que se determinan en el Observatorio de Costes del transporte de mercancías por carretera del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa a las asociaciones de transportistas que han acreditado una representación mínima, y es el órgano de interlocución entre el sector y la Administración, también incluyó entre su peticiones al Mitma la aplicación al sector del transporte de medidas similares a las que se establecen en la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Esta ley, determina, en relación con el precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad. Añade que serán nulas las cláusulas y estipulaciones que incumplan lo señalado, por lo que, sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan, el productor primario podrá exigir resarcimiento por daños y perjuicios en sede judicial.

Establecer un precio mínimo con carácter general, teniendo como referencia el Observatorio de Costes, podría vulnerar los principios de la Ley de Defensa de la Competencia. Otra cosa es que, como refleja la Ley de mejora de la cadena alimentaria, se prohíba establecer un precio por debajo de los costes de producción, es decir, en el caso del transporte, los costes que tenga cada transportista individualmente.

En todo caso, a mi juicio, ninguna de las dos propuestas solucionará mucho.

En el primer caso, y de ser factible la propuesta, se debe recordar que el sector del transporte de mercancías por carretera estuvo sometido muchos años al cumplimiento de unas tarifas obligatorias y lo cierto es que este sistema jamás funcionó y, la mayoría de las veces era el propio transportista el que vulneraba la norma, ofreciendo, para conseguir un cliente o un viaje, precios inferiores a los considerados en la tarifa oficial.

En el segundo, es el propio transportista el que tiene que conocer primero cuáles son sus costes individuales, y poder acreditarlo en el caso de una reclamación, para después no aceptar un precio por debajo de esos costes.

No es fácil el asunto. En cualquier caso, es mejor que exista una regulación que trate de evitar los abusos que se vienen produciendo, que no disponer de herramienta alguna.

Por otra parte, también sería necesario regular la cadena de subcontratación, al igual que la tiene el sector de la construcción. Esta regulación debe permitir excluir de la misma a agentes que no aporten valor añadido y que únicamente merman los márgenes del transportista efectivo.

Este sector es complejo y tiene problemas estructurales que no se han resuelto, como la atomización, la escasa dimensión de las empresas o la falta de formación. Estos factores lo convierten en un sector débil, con escasa capacidad de negociación con sus clientes y con sus proveedores. Si a esto le añadimos un exceso de oferta, nos encontramos con un panorama muy complicado y difícil de resolver aplicando fórmulas simplistas.

Soluciones milagrosas no existen. Nada va a cambiar de la noche a la mañana por la publicación en el BOE de cualquier norma tendente a protegerlo. Serán pequeños pasos que le pueden ser útiles pero no acabarán con el problema de manera radical. Los que esperen esto, se sentirán defraudados.

Debe ser el propio sector el que aprenda a decir no a cualquier abuso que se le pretenda someter, y esto, reconozco, es complicado.