A la espera

Los acuerdos alcanzados el pasado 17 de diciembre tras las negociaciones mantenidas entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, acuerdos que fueron publicados por el propio Ministerio y que daban respuesta a reivindicaciones del sector para garantizar la sostenibilidad de las empresas de transporte de mercancías por carretera, comprometían al Gobierno a instrumentarlos en un Decreto Ley que debería ser aprobado durante el mes de febrero de 2022, plazo más que suficiente, y más, si tenemos en cuenta lo ágil y rápido que es este gobierno en la publicación de un Real Decreto Ley cuando es de su interés.

No obstante, este Real Decreto, o mejor dicho, su borrador, debe ser revisado previamente por el Comité Nacional del Transporte a los efectos de comprobar que la literalidad del mismo se corresponde con los acuerdos adoptados y que, por así decirlo, no se cuela una morcilla que desvirtúe lo acordado.

Los cargadores están muy cabreados porque, desde luego, los acuerdos no les favorecen, ya que se eliminan conductas y abusos reprobables que se reflejaban directa y positivamente en sus cuentas de resultados pero a costa de las empobrecidas cuentas de resultados de los transportistas.

Así pues, y como se dice que a los abogados nos pagan por pensar mal, imagino que los lobby formados por las asociaciones de cargadores estarán dando la tabarra para minimizar los daños, pretendiendo suavizar el contenido del Real Decreto Ley comprometido.

No creo que al Gobierno le interese entrar en ese juego, que podría despertar la ira de los transportistas y volver a tener que enfrentarse a situaciones como la que sufrió el pasado mes de diciembre en vísperas de Navidad, pero ojo, que este Gobierno nos tiene acostumbrados a prometer una cosa y hacer la contraria.

Para evitar la incertidumbre y la preocupación que ya vienen mostrando las empresas, sería loable que desde la Dirección General del Transporte Terrestre, que afirma tener la redacción de los acuerdos muy avanzada, se le diera traslado al Comité Nacional de aquello que ya esté negro sobre blanco. Queda un mes escaso para que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado y, si previamente ha de ser revisada por el Comité Nacional, no se puede perder el tiempo.

El precio del gasóleo sigue disparado y su repercusión en el precio del transporte es casi misión imposible.

Los cargadores, hasta que no vean en el BOE la prohibición de la carga y descarga por los conductores y las sanciones que se deriven de su incumplimiento, seguirán obligando a ello.

Los tiempos de espera para la carga y descarga no han mejorado en previsión de una modificación normativa próxima.

Pero ¿qué debemos esperar en este sector cuando hay grandes empresas que siguen pagando a 90, 120 días o incluso más tiempo haciendo caso omiso de los límites establecidos en una ley que lleva en vigor desde el 3 de octubre del año pasado?

Pero bueno, como dice el refrán, a todo cerdo le llega su san Martín y ahí estaremos las asociaciones de transportistas para hacer que se cumpla.