Satisfacción ‘in extremis’

Tras un sprint negociador de casi 11 horas, por fin la noche del viernes, 17 de diciembre, se logró cerrar un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que, además de la desconvocatoria del paro patronal previsto para principios de semana, ha supuesto, en mi opinión, un significativo punto de inflexión en la relación del sector con el Gobierno a través del Ministerio liderado por Raquel Sánchez.

El resultado de las negociaciones no es sólo una serie de compromisos que haya que cumplir, siendo esto importante, por supuesto, sino una nueva posición de partida para continuar combatiendo los problemas endémicos que sufre nuestro sector desde hace años.

Llegar a este punto de inflexión -esperanzador e ilusionante- es mérito, por supuesto, de la sensatez y responsabilidad de los presidentes de las asociaciones que componen el CNTC, pero también creo que, sin duda, la figura de D. Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre, ha sido clave para que se haya llegado a buen puerto y, además, se tengan ya planes de ruta para los viajes siguientes. A pesar de los escasos diez meses que han pasado desde su nombramiento, ha sabido entender perfectamente la problemática de un sector tan complejo como el nuestro. Durante este arduo maratón de negociación, cuyo pistoletazo de salida se produjo el 19 de noviembre, ha demostrado una admirable capacidad negociadora y el talante adecuado para conseguir compatibilizar las reivindicaciones del Comité Nacional del Transporte por Carretera y las “limitaciones” marcadas por el Gobierno.

En resumen, creo que representa mucho más que la aplicación de 20 medidas; representa el inicio de una nueva relación con la Administración Pública. Algo que, sin duda, redundará dentro de un par de meses, cuando se apruebe el Real Decreto-Ley, en los propios conductores profesionales que cada día se suben a su camión y en las empresas de transporte, muchas de las cuales se encontraban en una situación límite.

Es cierto que este acuerdo lo hemos conseguido casi ‘in extremis’, tras seis reuniones presenciales con el Gobierno y varios “trueques” de propuestas y contra-propuestas, ya que desde el CNTC teníamos un objetivo claro: algunas de las medidas, además de necesarias, eran urgentes y era preciso encajarlas en el marco jurídico adecuado, dada la crítica situación que están atravesando muchas empresas transportistas de nuestro país. No podemos olvidar que ya llevan demasiado tiempo en mitad de una ‘tormenta perfecta’, causada por el veloz aumento de la demanda, la escasez de conductores profesionales, los efectos de la pandemia, el Brexit y la drástica subida del precio del combustible y otros costes adjuntos.

Unos “nubarrones” que no han hecho mas que empeorar la frágil situación en la que muchas se encuentran debido al desequilibrado terreno de juego en la que, en demasiadas ocasiones, tienen que desarrollar su actividad dada su tradicional “impotencia” frente a muchos de sus clientes.

Lo que algunos les ha podido parecer una “exagerada” tardanza en alcanzar un acuerdo definitivo ha tenido un sobrecoste importante -varios cientos de millones de euros- por el esfuerzo efectuado en la cadena de suministro para adelantar las compras y evitar un posible desabastecimiento. Pero también es cierto que entre todos hemos conseguido evitar un perjuicio aún más grave porque, si finalmente se hubiera producido el paro nacional del sector, las consecuencias hubieran realmente graves: si no hay transporte de mercancías, se paralizan el comercio, la industria, las exportaciones, etc. etc. la economía se para y el país entero se paraliza. Solo hay que tirar de hemeroteca y ver cómo el paro del sector de 2008 provocó un desabastecimiento, sobre todo en los primeros días, con imágenes que recuerdan a los supermercados británicos de lineales vacíos de este año.

Del paquete de 20 medidas acordado con el Ministerio, ocho de ellas se aprobarán vía Real Decreto-Ley, antes de que finalice febrero. Entre estas medidas, se encuentran reivindicaciones históricas del sector como la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga; la obligatoriedad de que los contratos de transporte repercutan la variación del precio del gasóleo en las facturas, sin posibilidad de pacto en contrario; el mantenimiento del criterio de aplicación de la directiva del gasóleo profesional mientras dure la actual legislatura; la reducción a la mitad los tiempos de espera para tener el derecho a exigir una indemnización; limitar la competencia desleal; o la no implantación de los peajes (Euroviñeta) sin contar con el consenso del sector.

Una negociación de 29 días, 6 encuentros y 20 medidas que esperemos que sirvan para, a corto plazo, mejorar las condiciones laborales de nuestros conductores e insuflar algo de oxígeno a aquellas empresas de transporte que ya llevaban demasiado tiempo sufriendo; y, a medio-largo plazo, para que nuestra relación con el conjunto de los clientes vire hacia lo que de veras ha de ser, una colaboración de la que ambas partes salgan reforzadas, con mayor eficiencia y, por tanto, mejores márgenes en ambos lados. Creo que no debemos fiar todo a “papá” Estado, puesto que su capacidad de regulación es limitada; sino que debemos apelar a la responsabilidad empresarial de todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro para que el terreno de juego cada vez sea más equilibrado.

Tíldeme el lector si así lo considera, de optimista (habrá quien prefiera “ingenuo”) pero estoy convencido de que, con este bagaje a las espaldas de todos, no será necesario volver a convocar un paro sectorial para que los cambios estructurales que nuestro sector está necesitando se traten con el rigor, la profundidad y la voluntad de acción que se requieren.