La electrificación no puede ser el único camino

El actual Gobierno español, siguiendo la corriente imperante en muchos países de nuestro entorno, declaró casi el mismo día de su nacimiento la llamada “emergencia climática”. Ello en un país como el nuestro, que apenas supone el 1% del total de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por la actividad humana en el planeta.

Un país, por cierto, con el doble de tasa de desempleo que la media de la UE y con un paro juvenil de más del 40%, por no hablar de la precariedad laboral de buena parte del otro 60% de jóvenes que no figuran en la lista de parados. Se ve que eso no es una “emergencia”.

En virtud de semejante marco de prioridades, se ha apresurado a completar un proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) que ya este mismo mes de abril ha sido aprobado por la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados (por cierto, aceptando sólo 3 enmiendas completas y 16 transaccionales de las más de 700 que los grupos parlamentarios habían presentado).

Y encontramos en él, de nuevo, un “inexplicable” baile de prioridades: la LCCTE basa la reducción drástica de las emisiones de CO2 a una electrificación masiva del parque automovilístico español, dejando de lado casi cualquier otra oportunidad energética de las que ya existen o puedan llegar a existir. La prioridad es, pues, el coche eléctrico, no la rebaja de las emisiones netas. Con ello se deja de lado un principio básico como es la neutralidad tecnológica y, una vez más, se deja en el olvido al sector de transporte pesado de mercancías por carretera cuyas alternativas reales de “transición energética” se ven muy lejanas a tenor de lo que hoy se sabe.

Sería deseable que la ley favoreciese precisamente que los consumidores de energía, en nuestro caso las empresas que compran los vehículos, gozasen de verdadera libertad para elegir la solución de neutralidad en emisiones -existen varias- que consideren mejor adaptada a sus necesidades, sin imponer conclusiones apriorísticas que favorecen a unas tecnologías en detrimento de otras.

Como en función de esta elección de prioridades, el Gobierno hará las correspondientes asignaciones de ayudas económicas (mil millonarias, por cierto) mucho me temo que una vez más, y ya van demasiadas, a las empresas de este sector (tan esenciales para el desarrollo económico y el empleo) le caerán unas migajas, si llega algo. Baste recordar los ERTE’s por causa de fuerza mayor, los fondos de apoyo a la solvencia de las empresas o los diferentes planes Moves para hacerse una idea de cómo se excluye sistemáticamente a nuestras empresas de los apoyos económicos que las administraciones van lanzando.

Si de veras creen que estamos en “emergencia climática” y que la contribución de España para combatirla es crucial, no parece de recibo que se cierren las puertas a posibles soluciones tecnológicas que ayudarían a cumplir el objetivo de una Europa neutra en emisiones de CO2, marcado por la UE para el 2050, incluso en mayor cuantía y a mayor velocidad que la electrificación vehicular sin dejar de lado a quienes se encargan de hacer realidad constantemente que las mercancías lleguen con puntualidad y eficiencia a los millones de puntos en que se necesitan.

Sería bueno que esta transición fuese “inclusiva y justa” sin dejar a nadie atrás. Podríamos soñar con que en el Senado se mejorasen, al menos, algunos puntos de esta LCCTT, pero a estas horas está uno ya bastante despierto como para devaneos oníricos de ese calibre.