Asfixia legislativa

“¿Está la burocracia estrangulando el crecimiento de Europa?” Se pregunta el Financial Times en uno de sus recientes artículos (“Is red tape strangling Europe’s growth?”). El periódico británico destaca cómo el Pacto Verde Europeo, propuesto en 2019, se ha acabado convirtiendo en una apisonadora burocrática generadora de un abrumador número de leyes que las empresas de la UE tienen serias dificultades para implementar y, me atrevería a afirmar, también para comprender ya que muchas de ellas representan auténticos jeroglíficos normativos. Un dato ilustrador: entre 2019 y 2024 la Comisión Europea propuso más de 70 leyes bajo el paraguas del Pacto Verde, una decena de las cuales tienen relación directa con el transporte por carretera, sin incluir cientos de normas técnicas secundarias u otras iniciativas que afectan a las empresas.

Tenemos la regulación más estricta del mundo en términos de medio ambiente y una de sus inmediatas consecuencias es el elevado coste que esto supone para la actividad económica, es decir, a fin de cuentas, para los ciudadanos. Una encuesta realizada por la propia Comisión Europea arrojó unas cifras preocupantes: con sólo 15 de esas leyes del Pacto Verde anunciadas en 2022 generarán más de 2.300 millones de euros en costes administrativos adicionales para las compañías. Estos “peajes” están haciendo que la UE pierda cuota de mercado a nivel mundial. Lo advertía hace unos días Mario Draghi en un informe demoledor en el que avisa de que Europa se ha quedado atrás en la carrera de la productividad y la innovación respecto a Estados Unidos y China. En su análisis, encargado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también destaca la necesidad de equilibrar el proceso de descarbonización para preservar la posición competitiva de nuestras industrias, calificando de “lastre” a los ambiciosos planes europeos en esta área.

Una asfixia regulatoria que amenaza el crecimiento, la competitividad e, incluso, la transición energética de unos de los sectores más estratégicos de las economías modernas

No podría estar más de acuerdo con el ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo. Europa debe reaccionar ya si no quiere perder definitivamente el tren de la competitividad. Y unas de las medidas que debería de encabezar su listado de propósitos es acabar con las barreras normativas y burocráticas que tanto daño hacen a nuestras empresas.

Una asfixia regulatoria que amenaza el crecimiento, la competitividad e, incluso, la transición energética de unos de los sectores más estratégicos de las economías modernas: el transporte por carretera. Un sector que se enfrenta a crecientes exigencias en plazos muy cortos, tanto a nivel europeo como estatal. Algunos ejemplos son el Paquete de Movilidad Europeo; el ambicioso programa Fit for 55, que establece reducciones drásticas de emisiones para los camiones y autobuses de aquí a 2040; el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030; la Ley de Movilidad Sostenible; la obligación de las grandes empresas de publicar informes sobre su impacto ambiental y social; o la inclusión del sector en el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS) a partir de 2027.

Las compañías necesitan estabilidad regulatoria para planificar a largo plazo, pero, en lugar de ello, se enfrentan a una frenética y constante actividad regulatoria que mina su capacidad competitiva y su habilidad para tomar decisiones de inversión y gestión de manera efectiva. Desde la obtención de licencias hasta la regulación del tiempo de descanso de los conductores, los transportistas deben lidiar con un complejo entramado de normativas y trámites administrativos. En lugar de centrarse en optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia de sus flotas y buscar nuevos mercados y clientes, muchos de estos operadores de transporte dedican incontables horas a cumplir con normativas que ni siquiera a veces están claras.

El desatado intervencionismo regulatorio es un freno a las decisiones de inversión y, de ese modo, propicia el estancamiento y la huida de las iniciativas empresariales hacia otras regiones más “amables”

El desatado intervencionismo regulatorio es un freno a las decisiones de inversión y, de ese modo, propicia el estancamiento y la huida de las iniciativas empresariales hacia otras regiones más “amables” y con mayor estabilidad de los marcos legales. Creo que es urgente, y me parece que no estoy muy solo en esta creencia, un cambio de paradigma para que los responsables políticos de la UE desmonten gran parte de las barreras que ya han creado y empiecen a actuar, tal como nos prometieron hace ahora cinco años, para regular menos y mejor.