La CNMC propone al Gobierno justificar los cálculos de las ayudas al transporte ferroviario de mercancías

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una serie de medidas para mejorar el sistemas de ayudas a los operadores ferroviarios de mercancías cuando hay obras en las vías.

En concreto, ha sugerido que se justifiquen los cálculos realizados para obtener los coeficientes aplicados, ya que el cálculo del importe de las ayudas no aparece explicado en el texto y depende, entre otros factores, de unos coeficientes de "mérito ambiental y socioeconómico".

El regulador propone mejorar la justificación de la exclusión de determinados modelos de locomotoras más antiguos y contaminantes, ya que puede provocar que el transporte se realice por carretera y que finalmente genere más contaminación y externalidades negativas.

La CNMC también sugiere incluir los presupuestos estimados de las convocatorias que se celebrarán durante el periodo de vigencia del proyecto normativo, de forma que las empresas puedan estimar con mayor antelación los recursos con los que contarán, y aumentar el efecto incentivador de las ayudas.

El objetivo de esta norma es compensar a los operadores ferroviarios de mercancías por los altos costes que les ocasionan las obras en la vía a cambio de que mantengan el transporte por ferrocarril en lugar de realizarlo por carretera, que es más contaminante.

MEDIDA JUSTIFICADA

Es la segunda vez que la CNMC revisa este futuro sistema de ayudas --realizó un informe en 2022 sobre un borrador previo--, debido a las nuevas modificaciones que ha llevado a cabo el Ministerio de Transportes en las bases reguladoras.

El regulador considera "justificada" la existencia de las ayudas que fomenten el uso del ferrocarril para el transporte de mercancías, ya que reducen las externalidades negativas generadas por el transporte por carretera (mayor contaminación, congestión de carreteras o accidentes de tráfico).

Sin embargo, recuerda que tanto el administrador de infraestructura ferroviaria como los operadores ferroviarios no deben ver reducidos sus incentivos para planificar y gestionar, de la forma más eficiente, las perturbaciones del tráfico ferroviario que se puedan producir.

Además, cree que la norma todavía mantiene aspectos que pueden considerarse restrictivos: por ejemplo, cuando hay una incidencia y se paraliza el servicio, se mantiene la necesidad de reestablecerlo por el mismo itinerario.