El Comité Nacional no ve posible esperar 11 días más hasta que el Gobierno baje el precio del gasóleo
El organismo pide una reunión "inmediata" con el Mitma para aplicar soluciones urgentes al precio del gasóleo e insiste en que se debe garantizar el derecho al trabajo.
La falta de adopción de medidas inmediatas por parte del Gobierno que sirvan para reducir el precio del gasóleo lleva al Comité Nacional a transmitir un sentimiento de impaciencia que no se daba hace tan sólo dos días.
La "patada a seguir" del Ejecutivo, que insiste en que hay que esperar hasta el 29 de marzo para acceder a cualquier tipo de rebaja en el precio del combustible ha llevado al Comité Nacional del Transporte, que hace tan sólo dos días se reunió con la ministra de Transportes, a reclamar una reunión inmediata con responsables del Ministerio para buscar soluciones urgentes al precio del combustible. Las medidas tomadas en Portugal y Francia en este sentido incrementan la sensación generalizada de que el Gobierno español se está quedado claramente atrás respecto a los países de nuestro entorno.
El encuentro que pide el organismo que preside Carmelo González deberá servir además, avisan desde el Comité en un comunicado remitido hace escasos minutos, para informar de qué medidas de orden público, concretas, se han adoptado en defensa del derecho a trabajar.
"Para el Comité, "el Gobierno debe garantizar el ejercicio del derecho al trabajo de aquellos que libremente han decidido no sumarse al paro. No pueden tolerarse determinadas actuaciones violentas, ni la coacción al libre ejercicio de la actividad, poniendo en riesgo las vidas de las personas y sus instrumentos de trabajo. Conductas coactivas qué, incluso, desmerecen de la actuación de aquellos que han ejercido pacíficamente su derecho al paro. Condenamos la absoluta pasividad con la que, durante cuatro días, se han permitido todo tipo de barbaridades, dirigidas por personas sobradamente conocidas, con el único objetivo de aterrorizar a compañeros que solo desean ganarse su legítimo sustento".
Por otro lado, fue hace tan solo dos días (ya parece casi una eternidad) cuando la ministra envió una carta a Carmelo González para anunciar su intención de agilizar la aplicación de principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los integrantes de la cadena de suministro no puedan cobrar por debajo de costes, y el compromiso de publicar semanalmente el informe de variación del precio del gasóleo, "algo tremendamente útil en momentos como los actuales en los que la variación del precio del combustible es continua".
El comunicado del Comité recuerda que el pleno del Congreso de los Diputados acaba de ha convalidar el Real Decreto-ley 3/2022, que incluye acuerdos históricos para el sector del transporte como la prohibición de la carga y descarga por parte de los conductores, o la obligatoriedad de actualizar las tarifas del transporte a la variación del precio del combustible. "Pero todos estos logros quedan ocultos en este momento, como consecuencia del alza inusitada del precio del combustible que es imprescindible afrontar con medidas inmediatas de choque", lamentan.
ASTIC: "LA PRIORIDAD ES PRESERVAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS"
En este contexto, una de las organizaciones integrantes del Comité, Astic, pone el acento que ahora mismo la prioridad absoluta es preservar la integridad física y la libertad de movimientos de las personas que trabajan en este sector. "Es la primera obligación de cualquier Gobierno que se precie velar por el derecho a la salud y la vida de las personas y a la integridad de sus propiedades", clama Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de esta asociación de transportistas.
"Obligación que ha sido inexplicablemente olvidada durante demasiados días en esta semana que se cierra, poniendo especialmente a los chóferes ya sean contratados o autónomos, entre la espada y la pared, sin que hayan contado con la protección debida. Es imprescindible que se garantice que quien quiera trabajar, tantas y tantas personas de nuestro sector, pueda hacerlo sin verse sometido a vejaciones, coacciones, amenazas ni bloqueos y, mucho menos agresiones o sabotajes", añade Valdivia.
"Es una obligación básica del Gobierno velar y actuar para que no se vulneren principios básicos recogidos en la propia Constitución Española como son derecho a la libre de circulación de los ciudadanos, que está recogido en el Art. 19, y la libertad de empresa, recogida en el art. 38 de la CE y en el 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales”, concreta el directivo asociativo.
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