El Supremo confirma la anulación de la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona
Uno de los argumento de la Justicia es que la ordenanza municipal afectaba especialmente a los vehículos profesionales con menor capacidad económica para la renovación de flota.
La Justicia ha dado la razón a los transportistas y ha anulado la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona, la norma que restringe la circulación de determinados vehículos en la ciudad. Este noviembre, el Tribunal Supremo (TS) ha validado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que en marzo de 2022 anuló ZBE, según ha recogido Europa Press.
Para la Justica, "la ordenanza municipal incide especialmente en los titulares con menor capacidad económica para renovar su vehículo", y añade que en el caso de los vehículos profesionales, la limitación se proyecta especialmente en los colectivos de menor capacidad económica para la renovación del vehículo, como los autónomos, microempresas o pymes.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya sostuvo en su sentencia la "falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados", entre otros motivos para anular la ZBE.
La ordenanza municipal fue aprobada por el plenario el 20 de diciembre de 2019, entró en vigor en enero de 2020 y el Ayuntamiento de Barcelona la modificó en enero de 2023.
Felicitación de los transportistas
La anulación de la norma ha provocado el aplauso de muchas organizaciones de transportistas que en su momento la recurrieron. Una de ellas es Fenadismer, que asegura que el sector está concienciado en la lucha contra el cambio climático, pero condena “la forma de actuar por parte de la Administración sin consenso y de imponer restricciones desproporcionadas a la circulación y a la actividad económica”.
Los transportistas exigen al Ayuntamiento que, tras la sentencia del Supremo, "se reparen los daños de todo tipo causados a la ciudadanía en general y a las empresas productoras, logísticas y de transporte en particular, mediante la devolución de todas las sanciones impuestas y pagadas, algo que debería producirse de inmediato y de oficio".
Las asociaciones que llevaron a la Justica la ordenanza municipal fueron a Fenadismer AGTC, Astac Condal; Gremi de Transport, junto con las organizaciones Trnscalit y Transprime.
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