El Ayuntamiento de Madrid aclara que las ZBE siguen vigentes y no se quitarán las multas

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular las tres Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha traído múltiples reacciones. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha aclarado que las ZBE siguen vigentes al no ser todavía firme la sentencia. También puntualiza que no se anularán las multas impuestas en base a la jurisprudencia y el Ayuntamiento estudia un posible recurso de casación.

Fenadismer ha sido la primera asociación de transportistas en aplaudir esta sentencia, que tumba las tres zonas de la capital que limitaban el acceso a determinados vehículos, mientras que el Gobierno central y asociaciones ecologistas instan al Consistorio a recurrir.

"Nosotros consideramos que Madrid 360 es de éxito porque ha cumplido el objetivo, por tanto, estamos satisfechos con esa política de movilidad de sostenibilidad porque ha cumplido directiva europea"— Borja Carabante - Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

El Consistorio ha ordenado al servicio jurídico estudiar la posibilidad de presentar un recurso, según ha explicado a los periodistas Borja Carabante desde la plaza de Cibeles este martes y recoge Europa Press: "No es una decisión política, sino una decisión netamente jurídica y tienen que analizar, por tanto, la sentencia y determinar si presentar ese recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Dicho plazo finaliza el 23 de octubre".

"El Tribunal anula las ZBE por un defecto formal al no considerar acreditado o justificado adecuadamente el impacto económico que tenía la implantación de las zonas de bajas emisiones", ha explicado Carabante, aunque ha justificado que en la nueva Ordenanza de Movilidad de Madrid 360 se incorporó el impacto presupuestario, algo que esta sentencia no pone en cuestión, así como el impacto económico.

"Se trata de un defecto formal de carácter al valorar que no se encuentra suficientemente valorada o motivada esa memoria", ha detallad Carabante. Además, se ha referido a la jurisprudencia al afirmar que no se anulan las multas que ya han sido impuestas en base a esta norma ya que "están bien impuestas": "Hay experiencia ya y hay jurisprudencia. La ordenanza de Madrid Central que se anuló también determinaba la suspensión de esta zona de bajas emisiones, y lo que se determinó es que las sanciones estaban bien impuestas porque hasta la sentencia esas sanciones y esos accesos indebidos han sido accesos precisamente indebidos".

Por ello, sigue estando prohibido el acceso para ciertos tipos de vehículos a estas zonas porque continúa vigente la normativa hasta que no sea una sentencia firme, al caber todavía la posibilidad de recurso: "Nosotros consideramos que Madrid 360 es de éxito porque ha cumplido el objetivo, por tanto, estamos satisfechos con esa política de movilidad de sostenibilidad porque ha cumplido directiva europea", ha señalado el delegado.

Reacciones

En cuanto se conoció la sentencia, Fenadismer expresó su aplauso: "Hay que tener en cuenta que Madrid es la única ciudad española que ha introducido importantes limitaciones al desarrollo de la actividad del transporte, obviando las recomendaciones establecidas en la Guía elaborada en su día por el Ministerio para la Transición Ecológica para la creación de ZBE, que establecía la necesidad de dar un tratamiento específico favorable a sectores profesionales como el del transporte y reparto de mercancías y al transporte de viajeros".

La asociación recuerda que para enero de 2025 estaba previsto aumentar la Zona de Bajas Emisiones a todo el término municipal, lo que afectaría, según Fenadismer, "a casi el 70% de camiones madrileños, el 30% de furgonetas y el 44% de los autocares".

Sin embargo, tanto el Gobierno central como asociaciones ecologistas, han instado al Ayuntamiento a recurrir la sentencia judicial. Fuentes del Ministerio de Transportes consultadas por Europa Press han trasladado su "respecto" al poder judicial, si bien esperan que el sistema judicial "pondere que también hay personas vulnerables que no usan el coche y a los que el sistema judicial debe también amparar".