La Justicia europea anula la obligación de que los camiones regresen cada ocho semanas a su país

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado este viernes la obligación de que los vehículos regresen cada ocho semanas al centro operativo de la empresa de transporte, "ya que el legislador de la UE no ha acreditado que dispusiera de información suficiente que le permitiera apreciar la proporcionalidad de dicha medida", según argumenta el Tribunal en el comunicado que adelanta la sentencia.

La medida anulada era uno de los puntos del Paquete de Movilidad, aprobado en 2020, que perseguía una mayor regulación del sector del transporte dentro de las fronteras comunitarias. Siete países del este de Europa -Lituania, Bulgaria, Rumanía, Chipre, Hungría, Polonia y Malta- habían interpuesto hasta 15 recursos de nulidad a algunos de los puntos de la norma. Este viernes, la Justicia les ha dado la razón en uno de los más importantes -el del retorno obligatorio de los camiones-.

¿Y ahora, qué? La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) tiene claro que la medida decae y que no hay base jurídica para imponer sanciones a las empresas de transporte que incumplían esta norma. Sin embargo, su presidenta, Raluca Marian, se pregunta si hay margen para que las instituciones europeas aprueben una medida similar, pero esta vez justifiquen su proporcionalidad: "No está claro qué ocurrirá a continuación. ¿Intentará la Comisión Europea presentar un caso con más información sobre la proporcionalidad de esa medida? ¿O esta sentencia pone fin al intento de la UE de exigir a los operadores que lleven los camiones a casa más allá de las inspecciones técnicas obligatorias?", expresa Marian en un comunicado publicado tras conocer el fallo.

El Tribunal de Justicia, eso sí, ha confirmado en líneas generales la validez del Paquete de Movilidad y ha desestimado el resto de alegaciones de los siete países demandantes.

Además del retorno obligatorio de los camiones, estos siete Estados pedían que se anularan otras cinco medidas: la prohibición de que los conductores tomen su descanso semanal en el camión; el retorno de los conductores a su lugar de residencia habitual cada tres o cuatro semanas; la entrada en vigor del nuevo tacógrafo; la prohibición de realizar actividades de cabotaje durante cuatro días entre dos periodos de cabotaje; y la clasificación de los conductores como trabajadores desplazados cuando efectúen estas operaciones de cabotaje. En estos puntos, el Tribunal de Justicia ha desestimado la nulidad, pues considera que "el legislador de la UE -es decir, Consejo y Parlamento Europeo- no rebasó manifiestamente los límites de su amplia facultad de apreciación en la materia".

El Tribunal recuerda a estos países que el Paquete Movilidad "pretende establecer un nuevo equilibrio entre los distintos intereses en juego, en particular, el interés de los conductores en unas mejores condiciones sociales de trabajo y el interés de los empresarios en ejercer sus actividades de transporte en condiciones comerciales equitativas".

Desestima también uno de los argumentos más repetidos por los siete Estados demandantes: que las normas recurridas perjudican a los países periféricos. "Se aplican indistintamente en todo el territorio de la Unión Europea y no discriminan a las empresas de transporte establecidas en Estados miembros supuestamente situados en la periferia de la Unión. Si esas normas afectan en mayor medida a determinadas empresas, ello se debe a que estas optaron por un modelo económico de explotación consistente en prestar la mayor parte de sus servicios, si no la totalidad, a destinatarios establecidos en Estados miembros distantes de su Estado miembro de establecimiento", argumenta.

Con el fallo adelantado este viernes -la sentencia se conocerá completa en los próximos días-, el Tribunal de Justicia de la UE ha seguido el criterio de su Abogado General, que publicó el pasado mes de noviembre el informe con sus conclusiones.

Desde febrero de 2022

La mayor regulación en el sector que introduce el Paquete de Movilidad ha sido aplaudida por muchas asociaciones de transporte que entienden que las empresas del este de Europa practican la competencia desleal, pues aunque están radicadas en esos países con costes laborales y fiscales más bajos, operan a tiempo completo en los Estados occidentales de la Unión Europea. Así lo ha expresado en multitud de ocasiones la española Fenadismer, que este jueves ya lamentaba que la Justicia europea pudiera echar atrás -como finalmente ha sucedido- la obligación de tener que regresar los camiones cada ocho semanas al centro operativo de la empresa. Una medida que había entrado en vigor el 2 de febrero de 2022 y que ahora se anula.