El límite para acogerse al sistema de módulos se rebaja en 2025 por la derogación del decreto ley omnibus
Vuelven a aplicarse los límites recogidos en el artículo 31 de la Ley del IRPF: 150.000 euros para el conjunto de actividades económicas y 75.000 euros para operaciones en las que el destinatario sea un empresario o profesional.
La derogación del decreto ley omnibus -llamado así por la cantidad de medidas diferentes que contenía- tiene un efecto en la aplicación del método de estimación objetiva, comúnmente conocido como módulos y al cual están acogidos muchos transportistas autónomos. En el decreto, se habían establecido unos límites de facturación para poder acogerse al sistema de módulos superiores a los que establece la ley de IRPF, como viene siendo habitual en los últimos años. Ahora, al no ser que se apruebe en otra ley, quedan establecidos los límites originales.
La patronal murciana Froet recuerda cuáles son estos límites:
- 150.000 euros para el conjunto de actividades económicas, salvo las agrícolas, ganaderas y forestales.
- 75.000 euros para operaciones en las que el destinatario sea un empresario o profesional
Fenadismer, que representa a autónomos y pymes del sector en toda España, calcula que la derogación del decreto omnibus afecta a más de 30.000 transportistas autónomos, que han sido "expulsados del régimen de tributación más favorable".
Froet también se ha mostrado contraria a la bajada de los límites de facturación para acogerse al régimen de módulos: "Este cambio representa un duro golpe para el sector del transporte, especialmente para los transportistas autónomos que venían acogidos al régimen de módulos. Con los límites inferiores nuevamente vigentes, muchos de ellos perderán la posibilidad de utilizar este método simplificado de tributación si superan los umbrales actuales, viéndose obligados a pasar al régimen de estimación directa".
La patronal murciana recomienda que, ante esta situación de incertidumbre, los autónomos renuncien al régimen de módulos y opten por la estimación directa. Si optan por permanecer, a la espera de que el Gobierno ofrezca una solución normativa, estarán, de momento, sujetos al límite de facturación de 75.000 euros.
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