La mitad de los transportistas catalanes desconocen el e-CMR y solo un tercio sabe que será obligatorio en 2026

Casi la mitad de los transportistas catalanes desconocen la existencia del documento electrónico del transporte (o e-CMR), que será obligatorio, previsiblemente, a partir de enero de 2026, según recoge la Ley de Movilidad Sostenible, que está actualmente en tramitación. Exactamente, el 48,6% de los transportistas consultados desconocen su existencia y dos de cada tres -exactamente el 64,5%% de los consultados- desconoce que su uso va a ser obligatorio.

Únicamente el 15% dice ser conocedor que el uso del e-CMR es válido ya en 28 países europeos. Son datos del Observatorio Permanente de la Digitalización del Transporte Catalán que constituyó la asociación catalana AGTC y que se elaboran con la encuesta a 120 empresas transportistas catalanas de mercancías por carretera.

Asimismo, la información que nos reportan los transportistas encuestados también evidencia el ínfimo grado de utilización de la documentación de transporte en formato electrónico por los cargadores, operadores de transporte o agencias: Sólo el 7,5% de los encuestados dice haber utilizado hasta la fecha el e-CMR con alguno de sus clientes.

Por lo que respecta a las posibles ventajas que ofrece el DET, un 27% de los transportistas catalanes encuestados cree que la digitalización de los documentos va a agilizarles el trabajo, otro 17% considera que va a mejorar las prestaciones del documento en papel, otro 17% destaca la accesibilidad por todas los agentes del proceso logístico, y un 14% considera que será de fácil uso.

Poco conocimiento de las ayudas

Por otro lado, a pesar de la difusión realizada hasta el momento por las Administraciones Públicas y las asociaciones de transportistas, es muy bajo el conocimiento en cuanto a las ayudas públicas para la implantación del e-CMR y el número de transportistas que se ha acogido a estas hasta la fecha: No llega al 30% el porcentaje de encuestados que afirma conocer la existencia de ayudas públicas para este fin y solo el 8% afirma haber solicitado alguna ayuda pública al respecto.