Los transportistas consumen sus últimas dosis de paciencia ante la pasividad del ministerio

El sector español del transporte de mercancías por carretera asiste atónito a la absoluta falta de respuesta del Gobierno a unas demandas trasladadas hace ya demasiado tiempo y para las que no reciben medida alguna desde la Administración.

Fue hace sólo unos días, tras la reunión mensual del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera, máximo órgano de representación sectorial, cuando se acordó enviar una nueva carta (desde Ruta del Transporte ya casi hemos perdido la cuenta de las misivas cursadas), en esta ocasión dirigida a la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, para reclamar agilidad en la resolución de asuntos pendientes cuya fecha anunciada de puesta en marcha ya hace semanas que fue superada.

Es el caso de la tramitación administrativa urgente aprobada en Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para establecer un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera. "Muy urgente para el Gobierno no parece que fuera", critican con indisimulada amargura fuentes del sector.

Hace ya casi cinco meses de esta iniciativa gubernamental, y nada saben los transportistas de su fecha de puesta en marcha efectiva. "La situación generada por el Covid-19 ha tenido una incidencia extraordinaria en la liquidez de muchas empresas de transporte de mercancías por carretera, por lo que es necesario garantizar que esa falta de liquidez no se vea agravada por el incumplimiento de los plazos de pago en los contratos de transporte de mercancías por carretera", reconocían a finales del verano pasado desde el departamento que dirige José Luis Ábalos.

El acuerdo alcanzado entonces por el Consejo de Ministros permitía agilizar al máximo la modificación de la LOTT de cara a reducir a la mitad los plazos establecidos para cada uno de los trámites tendentes a la aprobación del proyecto de ley. Una vez aprobada la medida, ocurra cuando finalmente ocurra, servirá para reducir los plazos de pago en el transporte de mercancías a un máximo de 60 días.

Otro asunto no menor tiene que ver con la clarificación a la hora de realizar las labores de carga y descarga. Tras el sonoro enfrentamiento en torno a este asunto que tuvo lugar en julio entre transportistas y cargadores, y que terminó de encender los ánimos para afrontar la convocatoria de un paro patronal que finalmente no tuvo lugar, se celebró una ronda de encuentros entre ambas partes, con la participación del ministerio, que finalizó con el abandono de la negociación por parte de los transportistas tras constatar "la nula voluntad de acuerdos" del resto de participantes en la mesa.

A día de hoy, el Comité Nacional del Transporte tiene en su poder un documento remitido desde la Dirección General de Transporte Terrestre que desde el organismo sectorial confiesan a Ruta del Transporte que es rotundamente "insatisfactorio". Y todo ello sin que exista ningún calendario de reuniones a la vista que pudiera servir para desatascar siquiera mínimamente la situación.

Buena muestra del improductivo bucle en el que se encuentra atrapado el transporte de mercancías por carretera fue el envío a finales de noviembre de una carta firmada de su puño y letra por Carmelo González, presidente del CNTC, al ministro Ábalos para enumerar exactamente las mismas reivindicaciones sectoriales ya fijadas en febrero de 2020.

El documento finalizaba llamando a reanudar el diálogo con la Administración "para evitar el conflicto que nadie desea". Han transcurrido dos meses desde el envío de aquella carta y la clamorosa falta de avance alguno marca de forma inapelable la agenda del sector en estas primeras semanas de 2021.