El Gobierno aprueba el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal con el objetivo de asegurar la estabilidad de la financiación de este servicio, especialmente importante para la vertebración del territorio y, en particular, en las zonas en declive demográfico y constituye una de las principales herramientas de la política postal del Gobierno de España.

Las condiciones en que el operador designado, Correos, debe prestar el servicio, incluyendo la extensión mínima de la red postal, las condiciones de recogida y entrega de los servicios postales y las obligaciones de información y tratamiento de las consultas, quejas y reclamaciones.

Aplicando la metodología contenida en el Plan, el coste neto estimado del servicio postal universal en los ejercicios 2011 a 2020 supone un total de 1.282,6 millones de euros. A este respecto, desde 2011 hasta 2020, Correos ya ha recibido con carácter provisional y a cuenta 1.278,7 millones de euros, prácticamente el importe estimado para todo el período.

"El servicio postal universal es una herramienta importante para asegurar la igualdad efectiva de los ciudadanos, con independencia de su situación geográfica o social y constituye un elemento dinamizador de la economía, dando acceso a particulares y empresas a un importante canal que garantiza que el comercio electrónico y las innovaciones de la economía digital sean una realidad efectiva para todos", asegura el Gobierno.

La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que traspuso la Directiva postal, regula este servicio y garantiza su prestación en todo el territorio nacional. Para ello, y conforme a dicha ley, la prestación de dicho servicio ha de realizarse de conformidad con las previsiones legalmente establecidas en el Plan de prestación del servicio postal universal aprobado hoy por el Gobierno.

Los cambios del plan

Para el Gobierno, el Plan introduce cambios positivos en el sector postal en general y en el servicio postal universal, en particular:

• Consolida el nivel de calidad y las condiciones de prestación del servicio postal universal que tradicionalmente ha garantizado el Estado, incorporando indicadores objetivos y mensurables de calidad en la prestación del servicio.
• Permite al operador designado una mayor flexibilidad de gestión, lo que facilitará sus actividades tanto en el aspecto operativo como en el comercial.
• Asegura un mejor seguimiento y control de las condiciones de prestación del servicio postal por parte del órgano regulador.
• Establece un sistema de cálculo del coste neto más objetivo, fiable y coherente que asegura la sostenibilidad financiera del operador designado, sin interferir en la libre concurrencia que debe presidir un mercado totalmente liberalizado.
• Cumple con los requerimientos exigidos por la Unión Europea para incluir la financiación aportada por el Estado al operador designado, dentro de las Ayudas de Estado compatibles con el Tratado.
• Permite poner en funcionamiento el nuevo sistema de financiación del servicio postal universal establecido en la Ley 43/2010, basado en el Fondo de financiación del servicio postal universal.