El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbará este viernes la obligación de que los camiones regresen cada ocho semanas al país donde están matriculados, si sigue el criterio de su Abogado General. El Alto Tribunal, según ha podido saber la asociación de transportistas Fenadismer, se pronuncia este viernes, 4 de octubre, sobre el recurso de siete países del Este de Europa a algunos puntos del Paquete de Movilidad, entre los que está el retorno obligatorio.

Estos países llevaron a la Justicia europea varios puntos del Paquete de Movilidad, aprobado en 2020, que tenían que ver con una mayor regulación del sector del transporte dentro de las fronteras comunitarias. Además del retorno obligatorio, recurrieron las nuevas limitaciones a las actividades de cabotaje, que se restringían a un máximo de tres en siete días.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo público hace unos meses su informe, favorable a declarar la ilegalidad de estos puntos, por lo que lo más probable es que la Corte europea siga su criterio, como ocurre en la mayoría de sus pronunciamientos judiciales.

Deslocalización administrativa

Para Fenadismer, antes de la entrada en vigor del Paquete de Movilidad, el sector del transporte estaba "prácticamente desrregularizado", por lo que lamenta la posible decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La asociación de transportistas acusa a las empresas de los países del este de precticar la deslocalización administrativa gracias de "los menores costes laborales y fiscales que se disfrutan" en estos países.

En este sentido, la Comisión Europea elaboró en 2021 una encuesta para medir el impacto de las medidas aprobadas, que reveló que el 32% de los vehículos de transporte de las empresas domiciliadas en países del Este de Europa retornaban una sola vez al año a dichos países, y que el 57% de los vehículos retornan menos de seis veces al año, frente a las empresas de transporte occidentales en las que el 100% de su flota retornaba antes de las ocho semana antes de que se implantara como una obligación en febrero de 2022. Una obligación que se puede terminar este viernes si así lo decide el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.