Frente al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Wopke Hoekstra, IRU (Organización Internacional del Transporte por Carretera) ha defendido su postura contraria a que la Unión Europea obligue a los grandes flotistas a contar con un número mínimo de camiones de cero emisiones, como defienden los fabriantes de vehículos. Y es que IRU se ha unido este miércoles al diálogo estratégico que mantienen la Comisión Europea y los fabricantes de vehículos sobre el futuro de la industria automotriz. La patronal había estado apartada del primer encuentro de estos diálogos estratégicos, donde sí se habían sentado fabricantes de vehículos, de componentes, asociaciones empresariales de estos dos sectores, asociaciones de usuarios, la federación de trabajadores del transporte y el grupo ecologista T&E.

Lo que IRU defiende es que es mejor la zanahoria que el palo. Por eso, frente a Hoekstra, ha instado a los responsables políticos a "centrarse en la adopción voluntaria, respaldada por incentivos, inversión en infraestructura y una combinación energética diversificada". Cree que imponer mandatos de compra de vehículos de cero emisiones corre el riesgo de interrumpir las cadenas de suministro, aumentar los costos y desacelerar la renovación de la flota.

Los fabricantes de vehículos, representados por la patronal ACEA, tambíen han hablado esta vez de ayudas e incentivos y no de obligaciones de comprar vehículos. Así lo ha explicado Sigrid de Vries, directora general de la ACEA, en un comunicado posterior al encuentro con el vicepresidente: "La UE necesita una política impulsada por el mercado, no por las sanciones, si quiere impulsar la demanda de emisiones cero y, al mismo tiempo, superar la crisis de competitividad que enfrenta la industria automovilística europea". En términos parecidos a los expresados en el comunicado de IRU.

Inversión pública

En palabras de la directora de IRU para la UE, Raluca Marian: “Está claro que los Estados miembros pueden y deben dar el ejemplo, garantizando que las políticas de contratación pública se alineen con los objetivos de reducción de CO2 y apoyando al mismo tiempo la adopción de tecnologías limpias impulsada por el mercado. La inversión pública puede desempeñar un papel fundamental a la hora de reducir el riesgo de los compromisos del sector privado, impulsar economías de escala, reducir los costos de los vehículos eléctricos a batería y crear la confianza del mercado necesaria para impulsar su adopción”.

"Sin embargo, debe mantenerse una clara distinción entre la contratación pública y las inversiones privadas. Imponer objetivos de compra a operadores privados sin que se den las condiciones necesarias para ello sería desproporcionado e injustificado en un mercado que funcione", añade Marian. En resumen, IRU insta a los responsables de las políticas a priorizar el desarrollo de infraestructuras, los incentivos inteligentes y una combinación energética diversificada y no a imponer un número mínimo de camiones cero emisiones.