"Avalancha" de 4.200 transportistas sin titulación profesional

Fenadismer denuncia una “avalancha” de nuevos transportistas por la desregulación del sector, “perjudicando tanto los índices de siniestralidad como los objetivos de movilidad medioambiental y sostenible”. La asociación de transportistas indica que esto se debe a la sentencia del Tribunal Supremo dictada a finales de 2019, por la que se anuló el requisito de antigüedad de los vehículos para quienes acceden por primera vez al sector, unido a la rebaja del nivel de exigencia para la obtención el título de transportista que viene practicando algunas comunidades autónomas.

Esta desregulación ha provocado que en el último año y medio, pese a la importante reducción de la actividad motivada por la pandemia del covid-19, se haya producido una “avalancha” de más de 4.200 nuevos transportistas, “la mayoría de los cuales han accedido sin poseer titulación profesional alguna y con vehículos de cualquier antigüedad”, según Fenadismer.

Con los datos del Registro Oficial de Empresas de Transporte, en dicho período 3.700 nuevos transportistas se han incorporado al sector del transporte ligero, a los que hay que sumar los casi 600 nuevos transportistas que han accedido al transporte pesado, habiendo aumentado la flota total de vehículos en torno a 15.000: “Los efectos negativos de la anulación del requisito de antigüedad afecta a todos los segmentos del transporte de mercancías por carretera en España, siendo especialmente significativos en el subsector del transporte ligero, que en la actualidad se encuentra absolutamente desregulado, tras la eliminación en 2013 por parte del Ministerio de Transportes de todos los demás requisitos de acceso a este subsector”, denuncian los transportistas.

Más desregularización

En este sentido, Fenadismer rechaza la nueva propuesta de modificación del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre que prepara el Ministerio de Transportes, que incide en una mayor desregulación del sector. Para la Federación, esto va en contra de los objetivos de mejora medioambiental que persiguen tanto las políticas e la Unión Europea como del propio Gobierno español”.