Los países europeos pactan retrasar dos años la entrada de Euro 7

Los países de la Unión Europea han acordado este lunes defender un retraso de dos años en la entrada en vigor de la normativa Euro 7, según recoge la agencia Efe. La propuesta original de la Comisión Europea sobre esta norma implicaba su entrada en vigor el 1 de julio de 2025 para coches y furgonetas y el 1 de julio de 2027 para camiones y autobuses, pero el Consejo de la Unión Europea -es decir, los países miembros- ha acordado presionar para que se retrase dos años.

Ahora falta que el Parlamento Europeo fije su postura para iniciar la negociación final entre Comisión, Consejo y Parlamento. De momento, la asociación de fabricantes ACEA aplaude el retraso acordado por el Consejo, aunque ha vuelto a subrayar las "enormes inversiones adicionales" que les supondrá la aplicación de la norma Euro 7.

En palabras de la directora general de ACEA, Sigrid de Vries, la industria de la automoción "está totalmente comprometida a abordar la contaminación del aire y el cambio climático. Ahora hacemos un llamado a los Estados miembros, al Parlamento Europeo y a la Comisión para que trabajen hacia una regulación Euro 7 que nos permita centrarnos en estos objetivos duales manteniendo al mismo tiempo los vehículos asequibles y nuestro sector competitivo".

Cabe recordar que, además de la normativa Euro 7, las instituciones europeas han acordado la prohibición de vender nuevos coches y furgonetas que emitan CO2 a partir de 2035, y se encuentran negociando unos límites muy rígidos para el transporte pesado con el objetivo de que en 2040 se hayan rebajado un 90% sus emisiones.

Euro 7

La propuesta inicial de la norma Euro 7 presentada por la Comisión Europea contaba con la oposición frontal de un bloque de ocho países (Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia). Su argumento, en línea con ACEA, es que esas nuevas medidas añaden costes y trabas a la industria para un lapso de tiempo muy breve, hasta que se pase a vehículos de cero emisiones, en 2035.

Según la presidencia española, cuya postura defendió el ministro de Industria, Comercio y Turismo de España en funciones, Héctor Gómez, el texto acordado goza de un "compromiso cuidadosamente equilibrado" entre protección del medioambiente y la salud y competitividad industrial.

El texto de compromiso fue apoyado, entre otros, por países como Chequia, que considera que "la transición tiene que ser gradual"; Polonia, que entiende que es "equilibrada y más realista" que la propuesta de la Comisión, o Eslovenia, que abogó por dar "pequeños pasitos hacia adelante para poder llegar al destino final".

También Francia secundó el acuerdo, valorando "sobre todo los nuevos umbrales de emisiones para neumáticos y frenos", y Alemania reivindicó que en el futuro se haga hueco en la legislación a los vehículos que usen combustibles sintéticos climáticamente neutros, la gran apuesta de Berlín para salvar el motor de combustión. Italia, por su parte, pidió espacio para los biocombustibles.

En líneas generales, el enfoque pactado por las capitales mantiene las condiciones de prueba y los límites de emisión existentes establecidos en la norma Euro 6/VI, además de retrasar su aplicación e incluir baremos para frenos y neumáticos.

En el polo opuesto se situaron Estados miembros como Dinamarca, que recordó que "el tráfico contribuye significativamente a la contaminación del aire, lo que entraña 300.000 muertes prematuras al año", o Luxemburgo, que lamentó que "la propuesta inicial, ambiciosa, se ha ido diluyendo y diluyendo".

Tampoco les gusta el compromiso aguado a las plataformas ecologistas como el centro de pensamiento Transporte y Medioambiente, que considera que la rebaja en la ambición "mata" la norma "Euro 7" y constituye "un desastre para la contaminación de las ciudades europeas".