Portugal emitió desde 2019 tarjetas CAP irregulares, lo que expone a las empresas a multas

En las últimas semanas, varias empresas transportistas españolas con conductores portugueses han sido sancionadas en España como consecuencia de una irregularidad en sus tarjetas CAP, según ha podido saber Fenadismer. Y es que la autoridad portuguesa ha expedido estos documentos de conductor profesional desde 2019 sin el correspondiente número de homologación E21 exigido por la normativa europea, y que figura en el reverso de dichos documentos. Las sanciones y retiradas de tarjetas CAP también se han dado en otros países de Europa.

El Instituto de la Movilidad y los Transportes de Portugal, el organismo luso competente en materia de transportes, ha reconocido este error en su web -admite tener constancia de que cinco empresas italianas han sido sancionadas- y ha establecido un plan de contingencia en colaboración con las asociaciones portuguesas de trasportistas. Así, a corto plazo, la autoridad portugués facilitará una declaración oficial a todos los conductores profesionales que lo soliciten para que la muestren, junto a su tarjeta CAP, en caso de una inspección en carretera, "apelando a la sensibilidad de las autoridades de cada país para evitar la incautación de documentos o la imposición de multas por la falta de aprobación de las tarjetas".

En todo caso, el objetivo final del Gobierno portugués es sustituir todas las actuales tarjetas defectuosas por la emisión de unas nuevas por parte de la Fabrica Nacional de la Casa de la Moneda, proceso que se llevará a cabo a partir del próximo mes de mayo dado el importante volumen de tarjetas CAP a sustituir, lo que se hará previsiblemente sin coste alguno para los conductores profesionales.

Problemas para las empresas

Fenadismer recuerda que es habitual que empresas de transporte españolas, principalmente domiciliadas en regiones próximas a la frontera, tengan contratados conductores procedentes de dicho país, dada la alta permeabilidad y cruce permanente de trabajadores entre ambos países, por lo que esta situación irregular podría afectar a un importante número de empresas de España.