Vigilancia de la morosidad y del trabajo a un precio justo: así es el Plan de Inspección de Transporte

El Ministerio de Transportes ha aprobado el Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera de 2023. El propio departamente que encabeza Raquel Sánchez ha explicado que estre sus objetivos prioritarios está "controlar que los transportistas trabajen a un precio justo, que el conductor no realice, en general, las labores de carga y descarga de la mercancía o reforzar la lucha contra la morosidad en el sector". Es decir, vigilar el cumplimiento de las novedades legislativas introducidas en el último año tras la negociación con los transportistas.

Además de elaborar el Plan Nacional con las comunidades y los órganos competentes para la vigilancia del transporte, el Ministerio se reunió con el Comité Nacional del Transporte para exponerlo. De hecho, Fenadismer adelantó hace dos semanas las líneas maestras de Inspoección de Transportes.

Asegurar la rentabilidad

El nuevo Plan presentado este jueves "está diseñado para velar por el cumplimiento de las normas aprobadas por el Gobierno para avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación, tal y como se acordó con los representantes del sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte", asegura el Ministerio en un comunicado.

El Plan recoge las líneas generales de las actividades prioritarias que llevarán a cabo las distintas inspecciones, estatal y autonómicas, en el año 2023. Así, introduce el control de la prohibición con carácter general de la carga y descarga por parte de los conductores y el control del precio del transporte, que ha de cubrir el coste en los casos del transportista efectivo.

Carta de porte

Las reformas también recogen obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los gastos conexos, es decir, los costes individuales efectivos asumidos por el transportista. En este contexto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.