La Audiencia Nacional ha anulado una multa de 80.001 euros a Correos impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a causa de los retrasos en la entrega del servicio paquete azul (paquete nacional hasta 20 kg) durante 2019, según ha informado El Confidencial. En una sentencia fechada el 7 de febrero de 2025, a la que ha tenido acceso el medio digital, la Audiencia Nacional declara nula de pleno derecho la sanción y ordena la devolución íntegra del importe a la empresa pública, junto con los intereses legales devengados desde su pago.
La CNMC había sancionado a Correos al considerar que la compañía incumplió los plazos de entrega del servicio de paquetería nacional de hasta 20 kg incluido en el Servicio Postal Universal (SPU). En concreto, el expediente sancionador se refiere a la actividad de Correos en 2019, cuando la empresa pública fue considerada “responsable de la comisión de una infracción administrativa muy grave” al incumplir los principios, requisitos y condiciones relacionados con la prestación del SPU.
Entre los principios evaluados por Competencia se encuentra el cumplimiento de determinados plazos de entrega desde que el cliente deposita el envío postal. En su informe, la CNMC reconocía cierta mejoría en los estándares de calidad en 2019 respecto al año anterior, pero, aun así, afirmaba que Correos “incumplía los objetivos de plazo de entrega tanto de tres días como de cinco días”.
En el caso de la multa de 2019 ahora resuelto, se produjo un cambio de criterio por parte de la Abogacía del Estado, que representaba a la CNMC. Aunque inicialmente el abogado del Estado contestó la demanda de Correos solicitando que se desestimara el recurso, el pasado 22 de enero decidió allanarse a las pretensiones de la empresa pública, según explica El Confidencial. En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, la Abogacía del Estado solicitó que se dictara sentencia “de conformidad” con lo pedido por Correos —es decir, anulando la sanción— y sin imposición de costas.
Este cambio de postura implicó que la propia Administración renunciara a defender la multa de 80.001 euros, asumiendo en la práctica los argumentos que ya habían prosperado a favor de Correos en una sentencia anterior, fechada en junio de 2023.
