Los cargadores arremeten contra el acuerdo entre el Mitma y los transportistas

A la Asociación de Fabricantes y Distribuidores no le ha gustado nada el Decreto Ley que el Ministerio de Transportes piensa llevar a Consejo de Ministros con las medidas a las que se comprometió el pasado diciembre con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. "Las medidas pactadas van a tener graves consecuencias para el tejido empresarial, ya que ponen en claro riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor", es la primera conclusión de Aecoc tras leer el borrador del Decreto Ley.

Asegura que, de llevarse a cabo estas medidas -que incluyen la prohibición por ley de la carga y descarga o la revisión del precio del transporte por la variación del precio del carburante- podrían cerrar algunas empresas: "Perjudica especialmente a las pymes, ya que muchas de ellas no van a poder soportar estas medidas. La gravedad de algunas de las propuestas es tal que muchas de ellas podrían ver comprometido el buen funcionamiento de sus negocios e incluso su supervivencia".

También señala que las medidas "son de muy difícil cumplimiento", por lo que generarán "tensiones innecesarias". Además, desliza que las medidas recogen las reivindicaciones de las patronales del transporte, pero no las de los conductores profesionales.

En resumen, la patronal de cargadores ha tenido la reacción opuesta a la del transporte, que sí ve con buenos ojos la nueva regulación y espera que se apruebe lo antes posible. Por ello, Aecoc ha solicitado una reunión urgente con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar el impacto de las medidas previstas.

CARGA Y DESCARGA Y PRECIO DEL GASÓLEO

En relación a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga, Aecoc considera que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía. "Las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos", señala.

La revisión del precio del combustible es la otra medida contra la que cargan específicamente. "El Real Decreto Ley elimina, también en este caso, la posibilidad de acuerdos bilaterales entre las partes, lo que implica que todas las empresas con contratos de transporte han de renovar las condiciones económicas de acuerdo a las fórmulas fijadas por la Administración en la Condiciones Generales de Contratación".