Las grandes compañías de transporte internacional por carretera demandan una unificación en la interpretación de las regulaciones sociales de la Unión Europea con el fin de que no se produzcan interpretaciones discriminatorias. Es una de las conclusiones de la 47 Asamblea General de Astic (Asociación del Transporte Internacional por Carretera), celebrada este jueves en Bilbao.

El presidente de la asociación, Marcos Basante, ha hecho hincapié en el momento de “enorme incertidumbre” que están atravesando las empresas del sector, por enfrentarse a costes disparados. En este apartado ha incluido los peajes según la nueva Euroviñeta, que están implementando varios países y grava a los camiones por el CO2 que emiten. También ha hablado de la “avalancha regulatoria” y “la inseguridad jurídica que frena su competitividad”, así como a las exigencias medioambientales de la UE: “El reglamento [de emisiones para vehículos industriales] exige una reducción del 90% en emisiones para vehículos pesados para 2040, una ambición desproporcionada sin el adecuado soporte de infraestructuras y medidas que lo faciliten”.

“Lograr un transporte por carretera climáticamente neutro sólo es posible con un compromiso equitativo de todas las partes: reguladores, fabricantes de vehículos, transportistas, sus clientes y, por supuesto, sus proveedores de energía. Es muy necesario contar con una aproximación pragmática sin sesgos ideológicos y tomando como base el principio de neutralidad tecnológica, permitiendo la combinación de todas las opciones energéticas sostenibles disponibles”, ha defendido Basante.

A favor de un solo convenio

En el apartado socio-laboral, José Manuel Pardo, director técnico de la patronal ha cargado contra el Real Decreto que el Gobierno acaba de aprobar y que da prioridad a los convenios autonómicos sobre el nacional. “Esta desconcertante decisión del Gobierno empantana aún más las negociaciones del III Acuerdo General de Mercancías. En Astic siempre hemos estado a favor de un convenio colectivo nacional único porque la fragmentación geográfica en este aspecto enmaraña la negociación colectiva y rompe el equilibrio en el terreno de la competencia entre empresas”.

También debatió sobre la reducción de la jornada laboral (de 40 a 37,5 horas), que está impulsando la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz: “Esta medida afectará de lleno a nuestro sector, donde existe una regulación especial de la jornada de los empleados móviles (conductores profesionales) debido a las singulares características de estos puestos de trabajo. La jornada debería establecerse por acuerdo entre los interlocutores sociales, tal como estábamos negociando en el III Acuerdo General. Además, esta reducción agravará el problema de la falta de conductores”.

También se ha analizado la sentencia del Tribunal Supremo, que en mayo determinó que el tiempo que un conductor profesional pasa acompañando al camión que es transportado en un transbordador o ferry cuenta como jornada laboral y no como descanso, incluso aunque disponga de camarote con cama; algo que en España ocurre principalmente en el traslado de mercancías entre la península y las islas, sobre todo a Baleares así como en rutas internacionales con Italia, Marruecos o Reino Unido. “Si este criterio jurisprudencial se consolida, la actividad de las compañías transportistas españolas sufriría mucho, tanto a nivel organizativo como económico, impactando también en los precios de los productos. Sin duda, perjudicaría muy gravemente a la competitividad de las empresas españolas frente a las extranjeras”, ha destacado José Manuel Pardo.

Asimismo, se ha debarido sobre la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de fijar en enero de 2026 la fecha en la que el eCMR (carta de porte electrónica) debe ser obligatorio, en el marco del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que está previsto que vea la luz a finales de año.

Alberto Pérez, director del Tacógrafos y Servicios Telemáticos en Continental Automotive Spain, ha recordado a todos los empresarios presentes en la Asamblea General de Astic la obligatoriedad de que las empresas de transporte internacional por carretera cuenten con el tacógrafo inteligente de segunda generación en sus vehículos de más de 3,5 toneladas a partir del 31 de diciembre de este año.