Los transportistas revientan y convocan un paro sectorial del 20 al 22 de diciembre

El transporte de mercancías por carretera español ha reventado. La hasta ahora inagotable paciencia de este sector frente a la pasividad de administraciones y al comportamiento cada vez menos digerible de los cargadores ha dado paso a un nuevo escenario, donde la descripción una y otra vez de la situación como insostenible es sustituida por la convocatoria de un paro de actividad entre las 24 horas del día 19 de diciembre y las 24 horas del 22 de diciembre.

"Solo un cambio radical y urgente por parte de Gobierno y clientes podría evitar este conflicto", advierte el Comité Nacional del Transporte por Carretera, en un comunicado en el que se desgranan los motivos que han llevado a tomar esta rotunda decisión tras la reunión celebrada hoy por este organismo.

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN DEL TRANSPORTE ANTES DE NAVIDAD

"En atención al estado de abandono por parte del Gobierno de España al sector del transporte de mercancías por carretera, tras varios años de negociación alrededor del paquete reivindicativo del 20 de febrero del 2020, con temas como: la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones, la no implantación de Euroviñeta, aplicación obligatoria de la cláusula de revisión del coste del combustible, la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales, entre otras, habiéndose agotado la paciencia del sector y los canales razonables de negociación, a lo que se une la absoluta falta de sensibilidad por parte de nuestros clientes en la presente coyuntura económica, quienes se aprovechan de la posición de dominio que le concede la vigente regulación del contrato de transporte de mercancías por carretera, que está provocando incluso un enorme problema de falta de conductores profesionales, ante el trato degradante e inhumano en las condiciones en las que realizan su trabajo", explica en Comité Nacional del Transporte en un comunicado.

MEDIDAS PLANTEADAS EN FEBRERO DE 2020:

• Oposición a la tarificación de infraestructuras. Exigencia de presencia del Comité Nacional en cuantas mesas de debate de la cuestión se abran. Oposición al desvío obligatorio de vehículos pesados hacia vías de peaje.
• Modificación de la ley de contrato de transporte, derogando la posibilidad del pacto en contrario, en las siguientes materias: plazos de pago; aplicación de la cláusula de revisión del precio del combustible y operaciones de carga y descarga. Incluyendo la prohibición de que, en el transporte de carga completa, la carga y la descarga la realice el conductor del vehículo. Coordinación de las actividades de transporte. Por último, reducción del tiempo previsto para la paralización, y su pago efectivo por parte de los cargadores.
• Oposición a la modificación de la normativa de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de mercancías en tanto que no se alcancen condiciones de equilibrio, contractual y económico, en las relaciones mercantiles entre transportistas y sus clientes.
• Desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón, fraudes cometidos por medio de cooperativas de trabajo asociado y otros supuestos de competencia desleal.
• Coordinación de planes de movilidad. Negociación y racionalización en la política de transición ecológica.
• Armonización fiscal en el sector del transporte. Entrada en vigor de lo previsto en la Ley del IRPF a partir del 1 de enero de 2022.
• Elaboración y desarrollo de planes de áreas de descanso en toda la red viaria. Con certificación de área segura.
• Mantenimiento del régimen de gasóleo profesional. Creación de un régimen alternativo para los vehículos dotados de autorización de transporte de menos de 3,5 t de MMA.
• Mantenimiento de las ayudas al abandono de actividad y a la formación.
• Requerimiento al Gobierno para que inste las medidas legislativas que sean precisas para conseguir la viabilidad del sector, incorporando a nuestro ordenamiento normas ya existentes en derecho comparado

JULIO DE 2020, PARO DESCONVOCADO

La situación actual guarda paralelismo con la que se fue gestando durante la primavera de 2020 y que desembocó en una convocatoria de paro por parte del Comité Nacional para finales de julio del pasado año. La intervención del entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, con la firma de un documento que incluía una serie de compromisos, fue vista con buenos ojos por el sector del transporte, que otorgó un voto de confianza al equipo del anterior ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Poco más de quince meses después de aquel conflicto, el enorme grado actual de insatisfacción de los transportistas con el incumplimiento de los compromisos adquiridos (aunque el régimen sancionador de la morosidad sí ha visto la luz) y con la certeza de que el pago por uso está a la vuelta de la esquina, en un contexto de precio del gasóleo (y del Adblue) desbocado, ha llevado al sector a la misma situación de descontento generalizado y de entender que la única medida posible pasa por dar un puñetazo (la segunda vez en menos de dos años) encima de la mesa.

Compromisos adquiridos por el Gobierno con los transportistas en julio de 2020:

• No modificar la normativa de masas y dimensiones ni aplicar el pago por uso sin consenso del sector.
• Se desarrollará un régimen sancionador por procedimiento de urgencia a la morosidad en el transporte, sancionando los pagos por encima de los 60 días.
• Abordar la problemática de la carga y descarga por los conductores, “teniendo en cuenta que las actividades de carga y descarga no tienen por qué ser por cuenta del transportista”.
• Diseño en otoño (de 2020) de un Plan de impulso a la Sostenibilidad 2021-2023 que permita un reforzamiento del sector y donde se aborden las medidas solicitadas por el CNTC. Se establecerán reunionesquincenales entre el Comité Nacional y el Ministerio de Transportes.
• Compromiso del Ministerio de Hacienda para devolver antes de fin de año (de 2020) 200 millones de euros pendientes relativos al céntimo sanitario.
• Analizar la posible devolución mensual en vez de trimestral del gasóleo profesional y la Ley del IRPF sobre el régimen de módulos desde 2022.