El 10 de mayo se eliminó de forma retroactiva el requisito de que los camiones tuvieran que tener matrícula española para acceder a la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo (10 céntimos desde abril). Esto provocó la queja de asociaciones como Fenadismer por considerar que "agrava más aún la situación de competencia desleal que en los últimos años vienen sufriendo los transportistas españoles". Ante esta acusación, el Ministerio de Transportes ha explicado que se vio en la obligación de incluir a transportistas extranjeros en las ayudas tras un requerimiento de Bruselas.

La Comisión Europea se dirigió España el 8 de marzo indicando que había recibido una denuncia que consideraba que esta ayuda era ilegal al excluir a las empresas de transporte que operan en el mercado único de la UE con vehículos matriculados en otros Estados miembros de la UE, según explica el propio Ministerio en un comunicado enviado a las asociaciones de transporte, y que ha hecho público CETM. La Comisión solicitaba que las autoridades españolas aclararan las cuestiones planteadas en dicha denuncia.

El Ministerio que encabeza Raquel Sánchez detectó un riesgo cierto que dicha ayuda fuera considerada ilegal por la Comisión Europea por favorecer solo a determinadas empresas. Si la ayuda se hubiera considerado ilegal, justifica el Ministerio, la Comisión habría obligado al Estado Español a que los transportistas devolvieran las bonificaciones ya recibidas y habría impedido seguir recibiéndola.

En el mismo comunicado, el Ministerio señala que para esta modificación no se ha realizado ninguna ampliación del crédito disponible para el abono de estas ayudas, pues no considera que el impacto que vaya a tener sea relevante.