Aevecar, AOP, CEEES y UPI han organizado la jornada 'Fraude en la distribución de carburantes: un problema de todos para el que hay solución', para analizar este problema, su repercusión sobre la actividad empresarial y las arcas públicas y las soluciones más eficaces para ponerle freno. En este sentido, han apuntado a una fórmula que garantice el pago del IVA como una vía eficaz y necesaria para atajar la problemática, junto con la adopción de otras medidas complementarias.

El acto ha tenido lugar en la sede de CEOE y ha contado con la inauguración del presidente de la organización de empresarios, Antonio Garamendi, que ha incidido en que el fraude "fomenta una competencia desleal, que va en detrimento del propio desarrollo empresarial, y dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones, lo que va en contra de la voluntad de las empresas del sector". Así, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un "marco jurídico que ofrezca certezas y genere confianza, mediante la garantía de una competencia leal".

Tal y como se ha expuesto en esta jornada, el fraude en la distribución de carburantes impacta negativamente en la actividad del sector, ya que lastra la competitividad de los operadores que cumplen la normativa e, incluso, pone en riesgo la continuidad de las compañías más vulnerables, frente a aquellos que optan por el fraude. De igual modo, afecta considerablemente a la seguridad de suministro, a la recaudación impositiva y a la consecución de los objetivos de descarbonización.

Según ha expuesto Juan José Blanco, socio de KPMG Abogados, el fraude "resta muchos ingresos al Estado, además de expulsar del mercado a otros operadores, ya que el nivel de operadores cumplidores se va reduciendo por la imposibilidad de mantener este negocio". Entre las soluciones que ha propuesto, ha señalado la necesidad de mejorar la agilidad de la Agencia Tributaria para actuar y anticipar el pago del IVA.

Ante esta grave situación, el sector reclama medidas que, de forma definitiva y efectiva, permitan la prevención y erradicación de este tipo de prácticas fraudulentas.

EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES

Para explorar posibles soluciones, la jornada también ha contado con un espacio dedicado a las experiencias de otros países de la UE, en concreto, de Italia y Portugal. Marina Barbanti, directora de UNEM (Unione Energie per la Mobilità) ha explicado que en Italia fue clave la colaboración con la Administración para identificar las causas y poder aplicar medidas adecuadas: "Hemos conseguido reducir el fraude de un 6% del mercado a un 1% o 2%".

Por su parte, Antonio Comprido, secretario general de Apetro-Energia em Evolução, ha señalado las tres causas principales del fraude en el país luso: las insuficiencias regulatorias, la lentitud de la justicia, la falta de coordinación entre las Administraciones y la necesidad de mejoras de los procedimientos de control.

En la mesa redonda de diálogo, Víctor García Nebreda, secretario general de Aevecar; Javier Albares, presidente de la Comisión Antifraude de AOP; Jorge de Benito, presidente de CEEES y Luis Nieves, presidente de UPI, han apuntado que pese al interés mostrado por el Gobierno para poner freno al problema del fraude fiscal en carburantes, la situación persiste y las pocas medidas llevadas a cabo hasta ahora son insuficientes.

Una de las modalidades de fraude más comunes y la más alarmante a juicio de los ponentes, es el impago del IVA. Por ello, durante la jornada se ha analizado la medida consistente en garantizar a la Administración el pago del IVA antes de que los carburantes puedan extraerse de los depósitos en los que se almacenan. De esta forma, los operadores fraudulentos que actualmente no ingresan el IVA verán limitadas sus opciones.

Esta medida ha sido propuesta por algunos de los grupos parlamentarios en la tramitación del proyecto de Ley procedente del Real Decreto-Ley 8/2023, "un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector", se ha expuesto en esta jornada. Por este motivo, las asociaciones han insistido en la necesidad de retomar la tramitación parlamentaria de la ley, que está paralizada desde hace semanas, y recalcan la importancia de que los grupos respalden la incorporación de esta medida en la redacción definitiva de la Ley, y se pueda poner en marcha.