Prohibición de la participación del conductor en la carga y descarga. Este es el segundo punto que recoge el acuerdo entre el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, alcanzado en diciembre. El Comité confirmó la semana pasada que tenía el borrador del Decreto Ley que el Mitma pretende aprobar y que incluye esta prohibición de la carga, entre otras siete. Sin embargo, este punto peligra por la presión de la patronal de cargadores, Aecoc, que quiere que desaparezca.

Carmelo González, presidente del Comité, teme que el borrador del Decreto Ley pueda cambiar tras "los escritos y las presiones de otras asociaciones de cargadores", en referencia a la oposición de Aecoc. "El punto conflictivo es la carga y descarga. Nos preocupa sobremanera que no refleje los acuerdos que adoptamos en diciembre", comenta este miércoles a Ruta del Transporte.

González aseguró la semana pasada que el borrador del Mitma incluía las peticiones de los transportistas y que por tanto el sector al que representa se encontraba satisfecho. "Están recogidos los puntos que hablamos, hay algunos matices que no nos convencen, pero a priori hacemos una lectura positiva", declaró a este medio. Y de hecho, subraya ahora que seguiría viendo el Decreto Ley como positivo si se aprueba tal y como lo recibieron la semana pasada.

Reacción de Aecoc

El mismo día que el Comité daba su visto bueno al Decreto Ley, Aecoc cargaba duramente conta él. "Las medidas pactadas van a tener graves consecuencias para el tejido empresarial, ya que ponen en claro riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor", aseguraba.

En relación a la prohibición de que el conductor realice las operaciones de carga y descarga, Aecoc considera que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía. "Las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos", señala.