La AOP pide perseguir el fraude de biocarburantes de algunos operadores

Las compañías que integran la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) quiere que las administraciones persigan el fraude de biocarburantes. Este fraude se da porque los operadores que no incorporan el porcentaje obligatorio de biocarburantes, pero algunos cobran el carburante fósil al precio del bio sin incorporarlo.

Como explica la patronal de operadores petrolíferos, se ahorran así "el sobrecoste del biocarburante y obtienen un beneficio ilegítimo por la diferencia entre ambos precios". Este fraude lleva asociado el incumplimiento masivo de pagos al Fondo compensatorio (que tienen que hacer los operadores que no cumplan con la cuota de biocombustibles).

Una de las medidas que AOP reclama es el establecimiento de una garantía financiera proporcional a las obligaciones en materia de biocombustibles que tiene cada operador como condición necesaria para operar al por mayor. Ello tendría un carácter claramente disuasorio para el que pretenda incumplir, dificultando el fraude, y en caso de que éste se produjera, las administraciones podrían recuperar, al menos en parte, el dinero defraudado, asegura la AOP.

"La lucha contra el fraude cobra especial relevancia teniendo en cuenta que estamos experimentando cambios trascendentales en el marco regulatorio y en los objetivos que nos estamos marcando para el futuro a largo plazo, para lograr una efectiva reducción de emisiones y completar una transición energética inclusiva y justa".

Más pasos

En este sentido, AOP cree, además, que se debe dar un paso más en el compromiso en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización del sector. Dos años después de la presentación de la Estrategia para la Evolución hacia los Ecocombustibles, y en el marco de la defensa y difusión de los combustibles líquidos neutros o bajos en carbono, la Asociación viene a reivindicar la necesidad de que la Administración marque una senda que les permita llegar a los objetivos que marcan tanto la Directiva Europea de Energías Renovables (RED II) como el PNIEC.