La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO) ha mostrado su "profundo rechazo" ante el anuncio realizado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el que ha confirmado la intención del Gobierno de aprobar el próximo 29 de abril, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley que impone una reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

El presidente de la patronal, Francisco Aranda, ha calificado la medida de "improvisada y políticamente oportunista", al anunciarse "sin diálogo previo, sin consenso y sin un análisis riguroso sobre su impacto en el empleo y la competitividad del país".

"Nos encontramos ante una medida que socava el diálogo social y rompe el principio de negociación colectiva", ha afirmado Aranda. "Imponer por decreto una reducción de jornada, sin que venga acompañada de reformas que impulsen la productividad, supondrá un duro golpe para sectores clave como la logística y el transporte, intensivos en empleo y estratégicos para el funcionamiento de la economía".

"Esta medida debe ser tratada dentro del marco del diálogo social sectorial, adaptándose a las particularidades de cada tipo de actividad. Las decisiones sobre la jornada laboral deben basarse en la competitividad, permitiendo que cada sector tome las medidas que considere más adecuadas para su realidad y necesidades", ha concretado Aranda. En este sentido, ha advertido de que "adoptar medidas sin considerar las realidades estructurales y económicas de los diferentes sectores empujará a muchas empresas a la desaparición".

MENOR CONTRATACIÓN

Asimismo, Aranda ha alertado de que esta medida "solo traerá menor contratación indefinida a tiempo completo, más presión sobre las pymes y menos capacidad para subir salarios reales". "España no puede permitirse seguir liderando el paro en Europa mientras se adoptan medidas que agravan esa situación", ha subrayado.

El presidente de UNO ha instado al Gobierno a centrarse en reformas estructurales que impulsen el empleo, como "la reducción de las abultadas cotizaciones sociales, la lucha contra el absentismo laboral o la definición de un marco laboral mucho más flexible y adaptado a la realidad empresarial". "Exigimos responsabilidad institucional, diálogo y políticas eficaces que protejan el empleo y fortalezcan la competitividad de nuestras empresas", ha subrayado.

Aranda ha concluido señalando que este anuncio "llega en plena polémica por el aumento del gasto militar en los PGE, lo que hace sospechar que el Ministerio de Trabajo esté utilizando esta medida como una cortina de humo para desviar la atención pública".