Seis de cada diez transportistas están en contra del aumento de masas y dimensiones

El 61% de los transportistas españoles está en contra de aumentar la masa máxima autorizada en sus camiones hasta las 44 toneladas. Un cambio legislativo que dabía estar ya aprobado, pero que el secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, pronostica que aún tardará semanas: "El turrón no nos lo comeremos con la norma ya aprobada", ha bromeado. Y es que este martes, la asociación de transportistas Fenadismer y la empresa Continental han presentado las conclusiones de un estudio sobre la realidad del sector que deja conclusiones como que la mitad de los transportistas declara haber sido víctimas de un robo o una agresión.

Se trata de una encuesta contestada por 310 empresas de transporte durante octubre, la mayoría de ellas son pymes, como las que forman parte de Fenadismer, aunque Gil ha puntualizado que no era obligatorio ser miembro de la federación para responder este cuestionario.

El aumento de masas y dimensiones es un compromiso que adquirieron a regañadientes las asociaciones de transporte a finales de 2021 con el Ministerio de Transportes, a cambio de que el Gobierno aprobara otras medidas. A pesar de ello, solo el 26% ha contestado que sí está a favor de este cambio legislativo, cuyo principal punto es que la masa máxima autorizada suba de las 40 toneladas actuales a las 44. Y es que el 41% de los transportistas creen que pese a transportar más toneladas, no obtendrán mayor precio de sus clientes. Es más, el 31% de quienes han contestado aseguran que la norma les obligará a abandonar la actividad. Aunque Gil cree que esta última afirmación puede ser algo exagerada, sí que recuerda que muchos contratos se firman con la modalidad de carga completa: "Hay cargadores que no contratan por toneladas, por lo tanto, este cambio, de primeras, no beneficiará al transportista. Es normal que se opongan".

En el lado contrario, un 11% de los transportistas ha señalado que el aumento de masas reducirá las emisiones de los vehículos, que es el argumento esgrimido por el Ministerio. Un 9% aplauden que la norma homogeneizará la realidad con los países del entorno; Portugal y Francia ya han aprobado las 44 toneladas y la Unión Europea trabaja en un Reglamento que permita el transporte transfronterizo con ese peso entre los países que lo contemplen. Otro 8% cree que se mejorará la competitividad del transporte por carretera frente a otros modos.

Al 22% le han robado el camión

Sobre seguridad en el transporte, la mitad de los encuestados asegura haber sido víctimas de un robo en los últimos cinco años. El 26% afirma que en este tiempo le han robado la mercancía, al menos una vez. Y el 22% ha contestado al cuestionario que ha sido víctima del robo de un camión.

Tres de cada diez participantes en la encuesta reconoce que no utiliza los lugares seguros para pernoctar, pero Gil puntualiza que el propio Ministerio de Transportes reconoce menos de 50 aparcamientos seguros en España, cuando el objetivo que se marca la Unión Europea es que haya uno cada 100 kilómetros. De hecho, el 71% de los encuestados considera que no hay suficientes parkings seguros ni en España ni en Europa, y un 18% considera que no los hay en España, aunque sí en otros países miembros.

Mejorar las condiciones laborales

La empleabilidad ha sido otra de las patas de la encuesta. El 56% de los transportistas cree que es muy difícil la búsqueda y contratación de conductores y un 17% considera que es difícil. La respuesta más repetida cuando se ha preguntado cuál sería la mejor solución para atajar la escasez de conductores es mejorar las condiciones laborales (un 70% de los encuestados la ha marcado). Las siguientes opciones más repetidas eran implantar modelos logísticos más eficientes y el adelanto de la edad de jubilación para hacer más atractiva la profesión.

Curiosamente, la opción menos señalada ha sido facilitar la incorporación de conductores profesionales extranjeros para poder trabajar en España. Es una medida muy reivindicada por distintas patronales. Juan José Gil cree que los transportistas no lo ven como una solución por las dificultades administrativas que conlleva, y reivindica que se facilite esta opción: "Alguna de nuestras empresas ha tardado de 15 meses a dos años en regularizar la situación de una persona para que pueda ser trabajador y conductor de camión en su empresa".