Tareas pendientes de 2025: masas y dimensiones, ley de movilidad sostenible y jubilación anticipada

El transporte de mercancías ha comenzado el año con algunos asuntos de calado que quedaron pendientes de aprobar a lo largo del pasado año. Por su impacto en el sector y por el tiempo que hace que ya se debía haber regulado, el más relevante es sin duda la modificación de masas y dimensiones, que permitirá a los camiones de carga general transportar hasta 44 toneladas y circular con una altura máxima de 4,5 metros. Se trata de un compromiso que adquirieron las patronales del transporte y el Ministerio del ramo a finales de 2021, a cambio de que el Ejecutivo aprobara reivindicaciones históricas de los transportistas.

Desde mayo se conoce el proyecto de orden ministerial, pero sigue pendiente de algunos informes técnicos que han hecho que su tramitación se alargue hasta 2025, incumpliendo así la promesa de la directora general de Transporte por Carretera, Roser Obrer, de que estaría publicado en 2024 . Por tratarse de una orden que modificará el Reglamento General de Vehículos, su publicación depende del Ministerio del Interior. Cuando se publique en el BOE, los camiones de carga general tendrán tres meses de plazo para aplicar las nuevas masas máximas y dimensiones. En el caso de las cisternas serán seis meses.

Realmente, los transportistas no tienen ninguna prisa en que se apruebe el aumento de masas y dimensiones, puesto que temen que sus clientes les fuercen a transportar más carga por la misma cantidad de dinero. Ante la próxima aprobación de la ley, CETM-Cisternas presentó en noviembre un informe en el que detallaba que los costes de este tipo de transportes aumentarían un 9% por cargar 44 toneladas en vez de las 40 actuales.

Ley de movilidad sostenible

Desde que se presentó en febrero, la ley de movilidad sostenible sigue atascada en su tramitación parlamentaria, y eso que era un proyecto que ya se había intentado aprobar en la anterior legislatura. Muchos de sus artículos están centrados en el transporte de viajeros y en la movilidad urbana, pero también hay puntos que afectan de lleno al transporte de mercancías.

El texto contempla que la digitalización del documento de control de transporte -el eCMR- se debía implantar a partir del 1 de septiembre de 2024. Una fecha que ya ha sido ampliamente rebasada. Además, el Ministerio explicó que retrasaría su implantación hasta 2026. Por otro lado, esta ley no recogerá -si finalmente se aprueba- la posibilidad de implantar nuevos peajes, pero sí permitirá a los Ayuntamientos imponer peajes por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones (ZBE).

Jubilación anticipada

El tercero de los grandes asuntos que 2025 hereda del año anterior no tiene que ver con una ley pendiente de aprobar sino con una medida que todavía ni se ha empezado a negociar entre el Gobierno y las partes del diálogo social -patronales y sindicatos-. Se trata de la jubilación anticipada de los conductores profesionales a través de coeficientes reductores.

El 24 de octubre se llegó a un acuerdo entre los sindicatos CCOO y UGT y la principal patronal, CETM, para solicitar al Ministerio de Seguridad Social que aplique estos coeficientes -que si se aprueban permitirán adelantar la edad de jubilación según los años cotizados-. Pedir conjuntamente estos coeficientes no significa que Seguridad Social esté obligada a concederlos, pero CCOO y UGT creen que es la única manera de que estudie la petición.